Representantes de juntas vecinales plantearon el problema ante el alcalde provincial a quien además solicitaron explicaciones de cómo los permisos son concedidos.
Luis Manrique, representante de la urbanización Morris.
Mediante un memorial dirigido al alcalde Julio Medina, doce juntas vecinales expresaron su malestar por la proliferación de locales para eventos entre “el óvalo Tarapacá y Cristo Rey, haciendo un triángulo con la avenida Collpa y prolongación Cristo Rey”, mencionó Luis Manrique, representante de la urbanización Morris.
“Los fiscalizadores no se abastecen” incluso “a veces van dos agentes de seguridad ciudadana y la seguridad de esos locales los botan”, agregó.
Según Manrique se trata de 7 a 8 locales privados que, con mayor incidencia, los fines de semana son escenario de “escándalos de gente ebria y gran cantidad de alcohol y droga”, además de generar contaminación sonora que incomoda a los vecinos pues las fiestas en estos locales se extienden incluso hasta las 6:00 a. m.
“Estamos sufriendo los efectos negativos de nuevos antros del vicio que se están aperturando en esa zona y sabemos, por investigación que hemos hecho, que muchos de los inversionistas de los conocidos chupines de la avenida Industrial están invirtiendo en esa zona, están adquiriendo locales que están en pésima condiciones, no tiene techo, usan las paredes de vecinos, son corralones cerrados que tienen luz y no sabemos cómo consiguen los permisos y alquilan esos locales para eventos con sonidos que sobrepasan los decibeles permitidos”, expresó.
La preocupación fue trasladada al alcalde Julio Medina en reunión realizada este 2 de abril en oficina de alcaldía.
“Hemos venido 12 juntas vecinales y nos ha escuchado, se ha sorprendido de sobremanera porque como tiene poco tiempo en la gestión parece que todo es nuevo para él. Se ha quedo sorprendido, él piensa que todos son fiestas costumbristas y le hemos dicho que no es así”.
Mencionó que esos locales están alquilados hasta octubre y por día cancelan entre 4500 a 3500 soles. Incluso los mismos propietarios les habrían revelado “que dando un porcentaje en la municipalidad hay tramitadores que consiguen la licencia, los permisos para poder ejecutar esas reuniones”.
Advirtió que, de no poner la MPT fin al problema, los pobladores optarán por la vía legal ante la fiscalía y en última instancia buscarán cerrar por cuenta propia los referidos locales.
